Impacto social
Cómo medir el éxito de las cooperativas más allá de la economía
El éxito de las cooperativas no pasa por obtener el mayor beneficio económico, sino que busca ejercer un impacto social en la comunidad.
Desde la desaparición de servicios esenciales como escuelas y centros de salud, hasta la escasez de infraestructuras básicas como el acceso a internet de alta velocidad, las consecuencias de la despoblación de la España rural son devastadoras y exigen soluciones.
España se enfrenta a un desafío monumental: la despoblación de sus áreas rurales, un fenómeno conocido como la "España Vaciada". Este éxodo constante, impulsado por la falta de oportunidades y servicios, ha dejado a muchas pequeñas localidades al borde de la extinción, con una población envejecida y una alarmante escasez de jóvenes. Esta pérdida de habitantes no solo afecta la demografía, sino que erosiona el tejido social, la vitalidad económica y la sostenibilidad ambiental de estas regiones.
El declive de estos pueblos se manifiesta en múltiples ámbitos, desde la desaparición de servicios esenciales como escuelas y centros de salud, hasta la escasez de infraestructuras básicas como el acceso a internet de alta velocidad. Esta situación crea una brecha cada vez mayor entre las dinámicas ciudades y el estancamiento rural, socavando la cohesión territorial del país. Sin embargo, en medio de este panorama, un modelo económico emerge como una solución prometedora: la economía social.
Aunque la economía social no es una novedad, su relevancia en el contexto actual es innegable, y su arraigo en la comunidad y su enfoque en las necesidades locales la convierten en un aliado natural para el desarrollo rural. En España, la economía social es un motor económico en el medio rural: el 85% de las entidades de la economía social se encuentran en municipios de menos de 40.000 habitantes. Esta implantación subraya su capacidad para generar actividad y empleo donde más se necesita.
Verdaderos catalizadores del desarrollo rural, las entidades de la economía social crean empleo local estable y de calidad, menos propenso a la deslocalización, y a menudo priorizan la contratación de colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Esto no solo genera ingresos, sino que fija población al territorio, un objetivo crucial en la lucha contra la despoblación.
Además, estas organizaciones son fundamentales en la provisión de servicios esenciales en áreas donde el mercado tradicional no llega o no es rentable. Hablamos de servicios de cuidado a personas mayores, educación, gestión del agua y asistencia a domicilio, que mejoran la calidad de vida y evitan que los habitantes se vean forzados a emigrar en busca de estas prestaciones. Su capacidad para diversificar la economía rural, fomentando el emprendimiento y la innovación colectiva, es también vital.
Casos de éxito como el de Villalba de Duero, que ha visto crecer su población un 64% desde los años noventa gracias a iniciativas empresariales locales y el relevo generacional, demuestran el impacto real de este modelo. Las cooperativas agrícolas, por ejemplo, permiten a pequeños productores unir fuerzas para comercializar sus productos y acceder a mercados, reteniendo valor en la economía rural. También existen cooperativas de cuidados que ofrecen servicios vitales en pueblos remotos, creando empleo femenino y arraigando a la población.
A pesar de su potencial, la economía social rural enfrenta desafíos. El acceso a financiación adaptada a sus modelos no tradicionales sigue siendo una barrera. También existe una falta de conciencia generalizada sobre su valor y una complejidad regulatoria que puede dificultar su crecimiento. Sin embargo, el marco legal español, como la Ley 5/2011 de Economía Social, y el apoyo de fondos europeos y programas nacionales, ofrecen una base sólida para su desarrollo.
Para maximizar su impacto, es crucial fortalecer los instrumentos financieros, simplificar los trámites administrativos y aumentar la visibilidad de la economía social. Invertir en capacitación, fomentar la colaboración entre entidades y promover alianzas con administraciones públicas son pasos esenciales para construir una España rural más equitativa, cohesionada y sostenible. La economía social no solo combate la despoblación, sino que construye un futuro vibrante y resiliente para nuestros pueblos.