Nueva ley de economía social

La economía social española se ha convertido en centro de atención internacional y está despertando el interés de multitud de entidades del resto del mundo que se caracterizan por conjugar el compromiso con las personas y la rentabilidad económica. Esta ley confiere visibilidad y consistencia jurídica a un importante sector del tejido empresarial español que actualmente supone el 10 por ciento del Producto Interior Bruto y que, incluso en los últimos años fuertemente marcados por la crisis financiera y económica, ha seguido generado empleo sostenible y de calidad.

El texto aprobado en el parlamento español es el resultado de un trámite que ha durado más de 3 años, desde que en septiembre de 2007, Marcos de Casto, por entonces presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social (CEPES), manifestó en una comparecencia ante la Subcomisión parlamentaria «para estudiar la situación de la economía social en España», la necesidad de una ley marco que regulara el sector. Posteriormente, un grupo de expertos del Centro de Investigación para la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), elaboraron una propuesta que presentaron al Ministerio de Trabajo en diciembre de 2009. En julio de 2010, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al anteproyecto de ley, remitiéndolo a las Cortes Generales, donde se aprobó definitivamente con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Esta ley supone un gran avance para el sector al definir la economía social como «el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos».

Se establecen como principios orientadores de las entidades de economía social la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, dando prioridad en la toma de decisiones a la función de las personas y sus aportaciones de trabajo sobre la participación en el capital social. También se establece la aplicación de los resultados obtenidos, principalmente en función del trabajo aportado por los socios o por sus miembros; la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal y laboral y la sostenibilidad, y la independencia respecto a los poderes públicos.

En el artículo 5 de la ley se establece un catálogo de las entidades que forman parte de la economía social, haciendo mención expresa a las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios de la economía social. Sin embargo, cada una de las figuras de la economía social se regulará por sus normas sustantivas específicas.

En el texto legislativo, «se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas», a la vez que se fijan como objetivos de los poderes públicos en sus políticas de promoción de la economía social, simplificar los trámites administrativos para la creación de este tipo de entidades, facilitar las iniciativas, promover los principios establecidos en la ley, promocionar la formación profesional en el ámbito de las entidades, involucrarlas en las políticas activas de empleo e introducir referencias a la economía social en los planes de estudio, entre otros.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, de la que forma parte la Fundación Espriu, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de esta ley que «situará al sector en el lugar y en el status que requiere por su importancia dentro de la economía de España, además de constituir un hecho histórico al ser la primera de estas características que se aprueba en el mundo». Según la patronal de la economía social, «esta ley forma parte del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con CEPES con el objetivo de potenciar el sector y facilitar la participación del mismo en la construcción de políticas públicas».

Desde el Gobierno se ha destacado la importancia que el ejecutivo concede a este sector con la elaboración de esta ley. El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha calificado la ley como «pionera», y ha recordado que la normativa «no es una ley estética» sino que «nace del convencimiento generalizado de su necesidad, lo que se refleja en el amplio consenso con el que se ha fraguado y con el que finalmente se ha aprobado».